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¿Carecer de antecedentes policiales es requisito indispensable?

¿Carecer de antecedentes policiales es requisito indispensable para la concesión de la residencia o de la nacionalidad?

n artículos anteriores analizábamos la naturaleza de los antecedentes policiales y sus diferencias esenciales con los antecedentes penales. Por tanto, ya sabemos que es esencial cancelar estos antecedentes en cuanto nos sea posible, pero, ¿Cuáles son las razones que nos obligan a cancelar estos antecedentes policiales?

A diferencia de los antecedentes penales, la existencia de antecedentes policiales en el expediente del solicitante de residencia o nacional no constituye un obstáculo legal para lograr el éxito en nuestro trámite de extranjería. Sin embargo, esto no implica que podamos quedarnos tranquilos y realizar el trámite de extranjería sin problema alguno.

Como ya apuntábamos en otras ocasiones, el criterio de extranjería respecto de los antecedentes policiales no es uniforme y, a menudo, la presencia de antecedentes policiales se convierte en argumento para denegar el derecho solicitado por el extranjero.

Por ello, es importante cancelar los antecedentes policiales antes de iniciar cualquier trámite de extranjería. Pero, ¿qué pasa si ya tenemos una resolución que deniega nuestro derecho a residir o a obtener la nacionalidad por la existencia de antecedentes policiales?

En este supuesto es esencial contar con un abogado especialista en extranjería y en derechos fundamentales, pues la vía de recursos que se abre ante nosotros tras la denegación requerirá nociones sobre ambas cuestiones.

¿Sobre qué elementos jurídicos fundaremos nuestros recursos?

Entre otros, este tipo de resoluciones pueden incurrir en:

  • Vulneración del artículo 24 de la Constitución Española. Este artículo garantiza nuestro derecho a la tutela judicial efectiva, así como nuestro derecho a la presunción de inocencia. En su virtud, es importante señalar que tener en cuenta los antecedentes policiales para conceder o no el derecho solicitado supone una vulneración de nuestro derecho a la presunción de inocencia, pues si no ha recaído sentencia condenatoria no queda acreditada la responsabilidad penal del solicitante. Esta vulneración supone una causa de nulidad de pleno derecho del acto administrativo previsto en el artículo 47.1.a de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
  • Vulneración del artículo 34 de la mencionada Ley 39/2015, de 1 de octubre, que prevé: Los actos administrativos que dicten las Administraciones Públicas, bien de oficio o a instancia del interesado, se producirán por el órgano competente ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido. Y continúa en el párrafo 2º: El contenido de los actos se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de aquéllos.

Es decir, el contenido de la resolución deberá ajustarse a los requisitos previstos en nuestra normativa, sea cual sea el sentido de dicha resolución. En su virtud, la administración deberá abstenerse de valorar la existencia de antecedentes policiales en caso de que la normativa no exija carecer de los mismos.

Los argumentos para recurrir esta resolución de carácter denegatorio dependerán del caso concreto y de sus circunstancias, pues son muchos más los que podremos alegar para plantear una defensa completa e íntegra del solicitante que ve denegado su derecho. Por ello es esencial acudir a un abogado para que te asesore y defienda tus intereses tanto en vía administrativa como en vía judicial.

En Isacura Asociados ofrecemos asesoramiento y defensa integrales a través de un servicio multidisciplinar basado en la extensa experiencia y formación de nuestros profesionales que nos permite proteger y cuidar al máximo los intereses de los clientes.

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