El presidente ruso, Vladimir Putin, decretó desde el pasado miércoles 19 de octubre la ley marcial en las regiones ucranianas de Lugansk, Donetsk, Zaporiyia y Jersón, los cuatro territorios que Rusia se anexionó tras los referéndums “fraudulentos” celebrados en septiembre.
La ley marcial implica la restricción de libertades y derechos en las zonas a los que afecta y se justifica, según las leyes rusas, por el ataque de un Ejército extranjero sobre un territorio ruso, entre otras razones. Además, permite reforzar el ejército, aplicar toques de queda, limitar movimientos, imponer la censura militar en las telecomunicaciones, prohibir concentraciones públicas y encerrar a ciudadanos extranjeros, controlar conversaciones telefónicas, arrestar a gente durante 30 días sin presentar acusaciones, entre otras medidas.
Este régimen permite la evacuación de residentes a “zonas seguras”, la introducción de controles en las entradas y salidas de dichas regiones, y un reforzamiento de la seguridad de las infraestructuras. En el distrito federal central, donde se encuentra Moscú, se instaura igualmente un régimen de “alerta reforzada”, según el decreto.
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