Plataforma en Defensa del Transporte comenzó un nuevo paro indefinido desde la medianoche del domingo.
La Plataforma en Defensa del Transporte, la agrupación de autónomos y pequeñas empresas de transportistas de ámbito nacional que convocó el paro del pasado mes de marzo, ha iniciado un nuevo paro indefinido desde la medianoche de este domingo.
“La Administración debe reaccionar rápido y afrontar lo que está por venir”, ha señalado Manuel Hernández, presidente de la Plataforma, en rueda de prensa el pasado lunes 7 de noviembre, quien ha puesto el acento en que los autónomos que integran el sector no tienen capacidad en estos momentos para afrontar el incremento de costes, que son un 30% superiores.
“Estamos pagando un 40% menos de salario a nuestros conductores, haciendo seguros que cubran lo mínimo imprescindible por no poder costear los importes que nos exigen”, ha denunciado.
Para Hernández, los “pequeños desajustes” en el cumplimiento de las medidas acordadas con el Gobierno “son muertes laborales”, y a este respecto ha cifrado entre 200 y 250 la cifra de empresas que se ven obligadas a cerrar cada mes.
La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), la mayor agrupación de empresas de transporte del país, ha pedido al Gobierno que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actúen “con la contundencia y firmeza necesaria” para permitir que el sector garantice el suministro a la población.
La Plataforma ha seguido denunciando el “incumplimiento” por parte de los cargadores (los clientes de los transportistas) de la ley que prohíbe trabajar a pérdidas en el sector, y señala al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de desautorizar a la Guardia Civil a controlar y denunciar este incumplimiento.
La ministra ha recordado que el decreto del transporte que se pactó con el sector garantizaba que no se pudiera trabajar a pérdidas y ha insistido en que, si se producen situaciones en lo que esto no se cumple, existe un sistema de denuncia.
“Es absolutamente imprescindible que se denuncie para que la Inspección pueda realizar su trabajo e imponer sanciones que pueden llegar hasta los 4.000 euros”, ha subrayado la ministra, que ha avanzado además que su Departamento está ultimando un plan de Inspección, que presentará “en las próximas semanas”, donde se refuerzan los mecanismos de inspección.
En las próximas semanas se aprobará un plan de inspección 2023 para reforzar las actuaciones, ya que incluirá, por primera vez, una línea de actuación específica para el control de precios, morosidad y carga y descarga, de acuerdo con la normativa aprobada.
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