El Consejo de Ministros, ha aprobado en segunda vuelta la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, que busca garantizar el aborto en centros públicos y ampliar los derechos sexuales y reproductivos.
La reforma pretende blindar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en centros públicos. La ministra de Igualdad, Irene Montero, asegura que “el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo forma parte del derecho fundamental a la salud, pero además es la puerta de entrada para el ejercicio a otros muchos derechos y para el ejercicio, en definitiva, de la posibilidad de decidir nuestros proyectos de vida”.
Esta modificación de Ley garantizará el acceso efectivo al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la red pública. Las mujeres que lo decidan podrán someterse a esta intervención en el centro hospitalario público más cercano a su domicilio y tendrán derecho a una incapacidad temporal mientras dure su recuperación.
Otro punto importante a mencionar es que las mujeres de 16 y 17 años no necesitarán el consentimiento de sus tutores legales para acceder a la interrupción, como ocurre ahora debido a la modificación introducida en 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy. También se elimina el periodo de reflexión de tres días que ahora es obligatorio.
La píldora del día después se ofrecera de forma gratuita en los centros de salud y deberá estar disponible en todas las farmacias. Además, los métodos anticonceptivos se distribuirán sin coste en institutos, centros penitenciarios y centros asociados a los servicios sociales, se promocionará la corresponsabilidad, ya que esta cuestión “no puede ser una responsabilidad exclusiva de las mujeres como ocurre actualmente”, ha señalado la ministra Montero.
Otro eje importante de la reforma es la ampliación de derechos sexuales y reproductivos. En ese sentido se plantea mejorar y ampliar el acompañamiento al embarazo y al parto estableciendo medidas de acompañamiento en el embarazo y promoviendo buenas prácticas gineco-obstétricas. Adicionalmente, se ha creado un nuevo permiso desde la semana 39 de gestación que no restará tiempo al de maternidad.
Una de las medidas novedosas es la inclusión del derecho a la salud menstrual, que aborda diferentes medidas como una incapacidad temporal pagada íntegramente por el Estado para reglas dolorosas o incapacitantes y entrega gratis de productos de higiene menstrual en centros educativos, penitenciarios y sociales con el objetivo de mitigar la pobreza menstrual irregular.
Con esta reforma de Ley, ha concluido Montero, el Gobierno quiere asegurar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a una educación sexual integral que les permita conocer todos sus derechos, sus cuerpos y construir relaciones sexuales y afectivas basadas en el consentimiento y en los buenos tratos. Aun así, la ministra recuerda que en la tramitación en el Parlamento el contenido de la Ley puede cambiar.
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