El Gobierno aprobó el pasado mes de julio un refuerzo de 231 funcionarios adicionales para la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) que supone la primera ampliación de personal estable desde 1992
Paralelamente se han incorporado 69 trabajadores interinos y están pendientes de hacerlo 18 más
Las mejoras incluyen una nueva aplicación informática y cambios operativos, como el sistema de guardias que ya se desarrolla en los distintos puestos fronterizos, entre ellos, los aeropuertos Adolfo Suárez Madrid-Barajas y Barcelona El Prat
La subsecretaria del Ministerio del Interior, Isabel Goicoechea, y la directora general de Política Interior, Carmen López, visitaron este jueves al Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, para presentarle las medidas puestas en marcha para impulsar la resolución de los expedientes de protección internacional acumulados en la Oficina de Asilo y Refugio (OAR).
Como primera medida destinada a paliar estos retrasos en la gestión de expedientes, el Consejo de Ministros del 27 de julio aprobó una oferta de empleo público extraordinaria y adicional de 231 plazas para reforzar la OAR, acordada en colaboración con los ministerios de Hacienda y de Política Territorial y Función Pública.
Hasta la celebración de los correspondientes procesos selectivos, la OAR dispondrá de funcionarios interinos que se incorporarán progresivamente a sus puestos de trabajo. Ya se han incorporado en los últimos días 69 nuevos instructores y están pendientes de hacerlo en las próximas fechas 18 trabajadores más, entre instructores y personal administrativo.
Paralelamente, el programa de refuerzo temporal de la Oficina, aprobado en 2015 para hacer frente al aumento de las demandas de protección internacional registrado en toda Europa como consecuencia del conflicto sirio, llega a su fin el próximo 8 de diciembre. Estos tres años improrrogables de programa, que ha sido completado por 77 trabajadores, ha recibido fondos de la Unión Europea.
Sin desatención un solo día
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció en el mes de julio una reforma de la OAR tras constatar que ésta se encontraba “en un estado lamentable”, sin recursos humanos ni técnicos suficientes para gestionar un número de solicitudes que se ha multiplicado por 12 desde su creación en 1992.
Las medidas que presentaron ayer las responsables de la Oficina permitirán solucionar el atasco en las tramitaciones que Marugán ya denunció en su Informe Anual de 2017, en el que afirmaba que el sistema para los solicitantes de protección internacional “no ha sido capaz de planificar las medidas de choque necesarias ante el aumento exponencial de solicitudes en un período corto de tiempo”.
Con la cobertura de las nuevas vacantes, los responsables de la OAR han asegurado al Defensor del Pueblo que se evitará que el servicio de protección internacional quede desatendido ni un solo día.
Junto al incremento de refuerzos humanos, que permitirá que la relación de puestos de trabajo de la OAR se multiplique por cinco hasta los 291 empleados públicos, el Ministerio ha ordenado otras mejoras del servicio, como un nuevo sistema informático de asilo, que no se había renovado desde 2006, y el estudio de protocolos de acción que permitan agilizar los trámites de demanda de protección internacional atendiendo a criterios de igualdad y también en casos de eventuales desembarcos masivos.
Las mejoras que ya se han ido poniendo en marcha incluyen cambios operativos, como el nuevo sistema de guardias para el procedimiento de frontera, entre ellos los aeropuertos Adolfo Suárez Madrid-Barajas y Barcelona El Prat, que evitará los retrasos en la resolución de las solicitudes.
Con el propósito de dotar de mayor transparencia al proceso, también se está trabajando en la mejora de la producción y difusión de información estadística y se le dará mayor visibilidad a la OAR en la web institucional del Ministerio del Interior, desde donde se difundirán los datos.
Para diseñar este paquete de medidas se han seguido las recomendaciones del Defensor del Pueblo, y también se han atendido las sugerencias de organismos como ACNUR y de ONG como CEAR, ACCEM, Amnistía Internacional y Cruz Roja.
