Según los últimos datos facilitados por el Ministerio del Interior, en España se denunciaron cerca de 9.000 ‘okupaciones’ en inmuebles entre enero y julio de este año.
En concreto, el número total de denuncias por ocupación de inmuebles registradas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ascendió en ese periodo a 8.857. De ellas 3.770, el 42%, tuvieron lugar en Cataluña, con la provincia de Barcelona a la cabeza. Allí se contabilizaron 2.838, más del triple que en Madrid, que, con 813, es la segunda provincia de España con más ocupaciones.
La segunda comunidad en las que se denunciaron más hechos de este tipo en el primer semestre del año fue Andalucía, con 1.276 (el 14% del total). Destacan las 402 de Sevilla, seguida de las 225 de Málaga y las 208 de Cádiz.
En la Comunidad Valenciana las denuncias llegaron a las 1093 (el 12%): 567 en Valencia, 367 en Alicante y 159 en Castellón. La cuarta en el ranking es la Comunidad de Madrid (con 813, el 9,1%), seguida de Castilla-La Mancha (387, el 4,3%), Murcia (338, el 3,8%) y Canarias (250, el 2,8%).
La comunidad con menos ocupaciones fue La Rioja, que registró 24 denuncias por este motivo. En Asturias hubo 31, en Cantabria 44 y en Navarra 51.
Teruel es la única provincia en la que no se denunció ninguna ocupación en el primer semestre del año. En Soria y Zamora hubo tres; en Melilla, cinco; en Ourense, seis y en Ceuta, siete.
El incremento de este tipo de delitos en los últimos años se debe a varios factores:
- Existe un “elevado número de inmuebles vacíos” y también de “personas que han perdido su casa por deudas o pérdida de empleo por la situación económica derivada de la crisis sanitaria de la Covid19
- Crisis económica agravada por la invasión de Ucrania, y su grave impacto sobre el precio de la energía y los productos alimenticios básicos.
Con respecto a las medidas a adoptar para combatir este fenómeno delictivo, el Min Interior recuerda que en 2020 la Secretaría de Estado de Seguridad estableció un protocolo específico para la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante la ocupación ilegal de inmuebles y que la Fiscalía General también impulsó una instrucción en el mismo sentido para orientar en el proceder de las actuaciones judiciales.
