ACNUR a través de una Nota de orientación sobre el flujo de venezolanos, publicado en marzo 2018, invitó a los receptores y/o a los Estados que acogen a los venezolanos a permitir el acceso a su territorio y a adoptar respuestas adecuadas y pragmáticas orientadas a la protección y basadas en las buenas prácticas existentes en la región.
En ese sentido ACNUR invitó a los Estados a que consideren los mecanismos orientados a la protección que les permita una estancia legal a los venezolanos, con las salvaguardas adecuadas.
Entre las opciones que la Nota sugiere evaluar, se mencionan las distintas formas de protección internacional, en el marco del derecho internacional de los derechos humanos y la protección temporal o acuerdo de estancia, o alternativamente visados o mecanismos migratorios laborales que puedan ofrecer acceso a residencia legal y a un tratamiento estándar similar a la protección internacional.
La OEA y el Migration Policy Institute, en enero 2019 presentaron un informe titulado Creatividad dentro de la crisis. Opciones legales para inmigrantes venezolanos en América Latina, en cuyo contenido destaca las políticas migratorias que ha aplicado Brasil, Colombia y Perú a través de las cuales han logrado ordenar y regular la migración venezolana.
En el caso de Brasil, se decidió otorgar a los venezolanos un Permiso de Residencia Temporal, que hasta diciembre 2018 ha beneficiado a unos 23.000 migrantes venezolanos. En el caso Colombiano, ha operado el Permiso Especial de Permanencia, que ha beneficiado a más de 453.000 venezolanos.
Por su parte en Perú, se otorga el Permiso de Residencia Temporal, que ha beneficiado a más de 23.000 personas y por último en Chile, se aplica la Visa de responsabilidad democrática que ha beneficiado a 16.000 personas para diciembre 2018.
Con esas medidas estos países han regularizado la permanencia de los migrantes venezolanos en su territorio y sin duda alguna, allí hay lecciones importantes que aprender por parte de los demás países receptores de migrantes venezolanos.
Ahora bien, la crisis venezolana ha llevado a 11 países de la región a asumir como válidos a los fines de identificación migratoria los documentos vencidos de los venezolanos, tal y como se acordó en la Declaración de Quito de septiembre 2018.
En esa Declaración se exhortó al gobierno de Venezuela a tomar de manera urgente y prioritaria las medidas para la provisión oportuna de los documentos de identidad, pues no hacerlo, lesiona el derecho a la libre circulación y a la efectiva capacidad de inserción económica de los migrantes.
Retomando el informe de la OEA y del Migration Policy Institute, resulta importante señalar, que el mismo destaca que cada vez es más clara la realidad que pocos migrantes y refugiados podrán regresar a Venezuela en corto plazo, por lo tanto las medidas asumidas si bien son positivas, son insuficientes.
Eduardo Stein, representante de ACNUR y de la Organización Internacional para la Migración (OIM) para los refugiados y migrantes venezolanos, alerta que la situación de migración venezolana puede prolongarse por unos dos o tres años más.
Según Stein, la población no va a regresar con la misma celeridad con la que salió y lo que más va a tardar será la vuelta de quienes han salido huyendo por la represión política.
Por lo tanto, algunos países han asumido la tarea de aceptar como válido el pasaporte de los venezolanos que están vencidos a los fines de facilitarles la posibilidad de realizar cualquier tipo de trámite migratorio.
Entre esos Estados, Canadá, recientemente anunció su disposición a resolver casos de renovación de visas y fijación de estatus migratorio para darle sustitución a pasaportes vecinos como prueba auténtica de identidad.
Así mismo, Paraguay lo ha asumido y recientemente, el 15 de marzo de 2019, España también se unió a esa iniciativa a través de la cual, se permitirá a los venezolanos residentes en ese país presentar el pasaporte caducado para la tramitación de cualquiera de las autorizaciones y permisos previstos en la normativa de extranjería.
Esas medidas que los países están abordado para regular la permanencia de los venezolanos en su territorio respectivo, no es más que una clara demostración de compromiso con la protección internacional, vista como acto humanitario y respuesta a un espíritu solidario de los mismos países, tal y como ACNUR recomienda que deben ser manejados estos temas por los actores internacionales.
por: Carlos Romero Mendoza
