El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes 23 de noviembre, un conjunto de medidas para facilitar el pago de la hipoteca a más de un millón de hogares ante el incremento de los tipos de interés. El Real Decreto-ley entró en vigor el pasado jueves 24 de noviembre tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Algunas familias, especialmente las vulnerables o en riesgo de vulnerabilidad, están acusando el aumento de la subida del Euribor, -el tipo de interés de referencia de las hipotecas a tipo variable- es por esto que el Gobierno ha aprobado una serie de medidas fruto de la negociación entre el Gobierno, las patronales bancarias (AEB, CECA y UNACC) y el Banco de España que proporcionará a los ciudadanos un “menú de opciones” para sobrellevar la carga hipotecaria y contar con más “certidumbre” sobre su nivel de gastos a medio y largo plazo.
Las iniciativas adoptadas actúan en tres vías:
● Mejoran el tratamiento de las familias vulnerables
● Crean un nuevo marco de actuación para los hogares de clase media en riesgo de vulnerabilidad
● Establecen medidas generales aplicables a todas las hipotecas.
En primer lugar, se refuerza el actual Código de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios vulnerables, aquellas familias con rentas inferiores a los 25.200 euros al año y un incremento del esfuerzo del 50%, con viviendas de hasta 300.000 euros. En concreto, se reduce el tipo de interés aplicable durante los 5 años de carencia en el pago del principal de la hipoteca.
Además, se introduce la posibilidad de que las familias soliciten la reestructuración de la deuda en más de una ocasión; se duplica hasta los 24 meses el plazo para solicitar la dación en pago de la vivienda habitual, y se amplía de 6 a 12 meses el plazo para solicitar el alquiler social en la propia vivienda a la entidad financiera, por un importe máximo del 3% de su valor, por parte de las personas en situación de vulnerabilidad que estén sometidas a una situación de desahucio de su vivienda habitual.
Por otro lado, se amplía el ámbito del Código para que se aplique a más de 300.000 familias. Así, los hogares vulnerables que no hayan experimentado un aumento del 50% de la carga hipotecaria podrán acogerse también al Código, en este caso con una carencia en el pago del principal de 2 años, un tipo de interés menor durante ese periodo y la posibilidad de alargar el plazo de la hipoteca hasta 7 años.
Podrán beneficiarse de estas medidas los hogares con renta inferior a 29.400 euros anuales (tres veces y media el IPREM) e hipotecas suscritas hasta el 31 de diciembre de 2022 que tengan una carga hipotecaria superior al 30% de su renta y que haya subido, al menos, un 20%.
Por otro lado, se ha encargado al Banco de España que elabore una guía para deudores hipotecarios en dificultades, aumentando la información para que los deudores puedan tomar una decisión adecuada para la situación económica actual.
